Confluye
y contrasta un creciente interés por la soberanía alimentaria en los países
ricos con los bajos y decrecientes niveles de autoabastecimiento en Canarias.
En este sentido, la mayor atención que se presta desde la sociedad y sus
instituciones políticas al alimento de procedencia local chocaen Canarias con
la frustrante realidad de una producción que se ha batido en retirada durante
las últimas décadas.
El
panorama que dibujan las estadísticas sobre el particular nos revelan que el
peso de los productos locales en la cesta de la compra de los canarios se ha
ido reduciendo y se encuentra en niveles tan bajos que GMR (Gestión del Medio Rural)
incluso afirma en uno de sus informes que solo el 6% de los alimentos comprados
por los canarios tiene origen local. Otras instancias y autores cifran el
autoabastecimiento en niveles algo superiores (entre un 10 y 20%). Sea la cifra
exacta la que sea, gran parte de lo que comemos en Canarias es importado.
Gran
parte de la reducción del grado de autoabastecimiento se debe a la ampliación
de la demanda de alimentos y no a la reducción de la producción agraria de Canarias,
es decir, el crecimiento de la población y de su poder adquisitivo ha
contribuido a expandir la demanda de alimentos de tal forma que el crecimiento
de la producción local no ha sido capaz de mantener sus cuotas de mercado. Y
aunque la producción no se haya contraído, la superficie cultivada sí, lo que
es indicativo del crecimiento de la productividad.
Aparte
del bajo nivel de autoabastecimiento en sí, también preocupa que las políticas
de apoyo al sector agrario no tengan efectos claros, al menos si el objetivo se
articula en torno a la defensa de unos niveles mínimos de autoabastecimiento. Si
existe un consenso social sobre la deseabilidad de la defensa de los productos
locales, ¿por qué nada parece funcionar?
Ante
esta pregunta caben varios tipos de respuestas: respuestas del tipo “no es
posible parar la marea con las manos”, otras del tipo “realmente no se ha
querido”, y también hay los que piensan “hay que cambiarlo todo para poder
cambiar esto en concreto”.
En
el primer caso se alude a la inviabilidad económica y empresarial ante una
oferta importada a menor precio. En esta línea se señala que Canarias no puede
ser competitiva en este entorno globalizado. Y se concluye: aunque nos duela,
más vale aceptar lo inevitable.
El
segundo tipo de explicación tiende a destacar la existencia de una brecha entre
los discursos y la escasa efectividad las políticas implementadas. En este tipo
de argumento se llega a la conclusión de que la agricultura destinada al
mercado interior, la de las medianías, no tiene poder de influencia. Que los
políticos vienen a hacerse la foto típica de la romería o la inauguración de
infraestructuras, y luego se van.
La
tercera argumentación es la más radical, en el sentido etimológico de la
palabra “radical”. “Radix” significa “raíz”. Es esta posición la que más
frecuenta el uso del concepto de “soberanía alimentaria”activamente y busca las
raíces del problema. Dice encontrarlas en el funcionamiento del sistema
económico capitalista y las políticas neoliberales en general. Los que piden
una economía baja en carbono no sólo hablan de los alimentos; obviamente
incluyen en sus propuestas de cambio muchos otros aspectos de nuestro estilo de
vida, y de hacer economía, que tildan de insostenible.
Luego
estas posiciones se pueden mezclar, particularmente si es para defender
determinados intereses y uno se permite separar el “decirlo” del “creérselo”. Esto
pasa a menudo cuando un concepto se pone de moda y todos nos apuntamos al
carro. Puede ocurrir también, si no ha ocurrido ya, con la soberanía
alimentaria. A la Unión Europea le viene bien el concepto para su retórica de
defensa de una política agraria proteccionista y a los representantes del
sector a nivel nacional y regional también.
Con
el fin de evitar la correspondiente dilución y confusión, definamos primero qué
es la denominada “soberanía alimentaria”. La definición más utilizada es esta:
“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus Países o Uniones
de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a
países terceros”. Esta posición incluye priorizar la producción agrícola local
para alimentar a la población; el derecho de los campesinos a producir
alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren
consumir; el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas
y alimentarias demasiado baratas; y la participación de los pueblos en la
definición de la política agraria.
Como
se puede apreciar, es un concepto muy ligado a una visión positiva de la
regulación en materia de política económica, porque se defiende el
condicionamiento político de los flujos comerciales y el discurso es
abiertamente anti-neoliberal, al identificar el predominio de las políticas
neoliberales como raíz del problema.
Otro
término que llama la atención en la definición de soberanía alimentaria es que ésta
se entienda como un “derecho”. Podría haberse utilizado el término “objetivo”
en vez de “derecho”, pero no. Y no es casual que utilice el término “derecho”,
porque para difundir esta idea e ideología, decir que todos tenemos “derecho”
suele tener fácil aceptación. ¿Quién no quiere tener más derechos? Los
“derechos” son construcciones sociales y, como tales, no son independientes de
las estructuras de poder y de cómo funciona la toma de decisiones colectivas.
Además, si fuera simplemente un objetivo político, a lo mejor la mayoría no lo
hace suyo; al tratarlo como “derecho” inalienable, la mayoría insensible a este
planteamiento estaría recortando u omitiendo derechos de la minoría. Y así la
minoría sigue con cierto poder de negociación.
El
concepto también tiene un claro vínculo con la dimensión espacial, porque los
pueblos y países están inevitablemente asociados a determinados territorios. La
división del territorio en unidades espaciales, sean las que sean, permite
luego hablar de “proteger lo nuestro”. Y el sentido de pertenencia (a Canarias,
a España, a la Unión Europea) impulsa a los discursos que intentan cargar el
acto de compra de ética y la correspondiente buena o mala conciencia. La compra
“patriótica” se une al territorio, algo lejos de ser nuevo: pensemos en el
“Made in England” como ejemplo histórico (fallido).
Como
en estos meses el concepto de “soberanía” está siendo muy utilizado en la arena
política, por el debate sobreEscocia y Cataluña, no es necesario remarcar que
el vínculo entre soberanía y territorio conlleva serios problemas de
coordinación entre los niveles de agregación espacial. Aunque está ampliamente
reconocida la asignación de la soberanía al nivel de Estado, la evolución
temporal nos está llevando, por un lado, a ceder soberanía hacia niveles
supra-nacionales (ej. Unión Europea) y, por otro, trasladar también parte de la
misma hacia los territorios integrantes del Estado, las regiones.
Y
con ello aparece el tema de las competencias y la construcción de las voluntades
colectivas. Los perfiles de reparto de las competencias entre estos tres
niveles –Unión Europea, Estado español y Canarias, afectan de lleno al tema que
nos ocupa, porque las políticas económicas en general, y las agroalimentarias,
en particular, están a la vez en manos de la Unión Europea, el Estado Español y
la Comunidad Autónoma de Canarias. En consecuencia, este “derecho de los
pueblos a definir su política alimentaria” está ahora mismo fragmentado en
términos competenciales. Algunos argumentarán que en democracia la voluntad del
pueblo tiene la posibilidad de expresarse libremente en cada uno de los tres
niveles y, en este sentido, se está haciendo lo que hemos querido a través de
nuestro voto. Los pesimistas en esta materia, dirán que “no nos representan” a
pesar de haberles votado.
Debido
a estas particularidades del concepto de “soberanía alimentaria”, conviene
separarlo explícitamente del concepto del “grado de autoabastecimiento” u otros
como la “seguridad alimentaria”. No hace falta ser defensor de la soberanía
alimentaria para valorar el actual grado de autoabastecimiento alimentario de
Canarias como preocupantemente bajo y perjudicial para la seguridad
alimentaria. Pero sí hay un vínculo entre las tres cuestiones que considero
esencial: tener una respuesta clara a la pregunta de lo que quiere la sociedad
canaria de su agricultura. ¿Sabemos lo que los canarios quieren en este tema?
¿Lo saben ellos? ¿Estarían dispuestos a asumir posibles consecuencias, entre
ellas mayoresprecios en la cesta de compra? Seguro que en una encuesta una
parte amplia de los consumidores canarios se expresaría a favor de los
productos locales e incluso a favor de la soberanía alimentaria, pero ¿harían
lo mismo en el punto de venta a través de su voto de compra?
Supongamos
por un momento que existe esta voluntad colectiva y que queremos incrementar el
grado de autoabastecimiento alimentaria de Canarias, ¿qué habría que hacer? He
aquí algunos apuntes para iniciar el debate:
·
Fomentar los canales cortos de comercialización,
pero no sólo con mercadillos. Y ojo, la proximidad hoy día no es simplemente
física. La percepción de cercanía y familiaridad no sólo se produce y articula
a través de la corta distancia. En este sentido, debemos favorecer la denominada
“economía de las experiencias” a través del contacto directo entre consumidor y
producción. Provocar la identificación emocional con el acto de alimentar.
·
Desarrollar políticas proactivas que promuevan
cambios sustanciales, en vez de políticas defensivas que pretenden mantenerlas
cosas como están con algo de cosmética. En este sentido, hablando claro, hay
que cambiar las políticas agrarias de Canarias.
·
Lograr la participación activa de la gran distribución
a través de la demanda de los consumidores (efecto pull-through). Para ello el
consumidor canario debe estar convencido de la calidad de los productos locales
y exigir su presencia en los puntos de venta. En otras palabras, debemos crear
demanda para productos locales con un posicionamiento bien definido.
·
Empujar la diferenciación del producto local,
pero no sólo por el argumento de que “es de aquí”. Candidatos para ser vehículo
de la diferenciación son el sabor, las variedades, las prácticas de producción,
la conservación ambiental yla responsabilidad social. La creación de una
“goodstory” alrededor de un producto ya no puede descansar simplemente sobre su
origen geográfico.
No
es casualidad que gran parte de estas propuestas se centren en el final de la
cadena de valor: la comercialización y el consumidor. La razón: la puesta en
valor del producto agroalimentario local se realiza en último término a través
del acto de compra y consumo, no solo por la vía del discurso de la defensa
sectorial. A los que plantan en la azotea su huerto urbano posiblemente les
interese poco el empleo agrario. Buscan otras cosas en este acto de ver crecer
sus propios alimentos.
No
obstante, algo habrá que apuntar también sobre el tejido productivo, es decir,
la oferta de estos alimentos locales.La historia económica del agro canario nos
muestra una dualidad estructural entre la agricultura de exportación y la
agricultura de subsistencia. La primera más capitalizada, centrada en
monocultivos, estructuras empresariales profesionalizadas, y con ubicaciones
más bien costeras. La segunda, más de medianías, es familiar, de minifundismo y
poco capitalizada. La expresión de “subsistencia” indica que una parte
importante de su producción no se destina al mercado sino al autoconsumo.
El
tema que nos ocupa, la soberanía alimentaria, tiene relación directa con la
agricultura destinada al mercado interior y, en consecuencia, deberíamos
preguntarnos sobre sus perspectivas de evolución y la participación que puede o
debe tener en la defensa del autoabastecimiento alimentario.
La
agricultura familiar de las medianías no tiene buena prensa en la literatura
sobre el sector agrario canario. Se suelen destacar las limitaciones de una
propiedad fragmentada, bajos niveles de formación y profesionalización, el peso
de la agricultura a tiempo parcial, etc. No obstante, quiero romper una lanza a
su favor. Conviene no perder de vista que se trata de un modelo que ha mostrado
una fuerte resistencia y flexibilidad a lo largo de los tiempos cambiantes, más
que los monocultivos especializados en la exportación. Algunos hablarían de
resiliencia: un sistema productivo capaz de adaptarse a pequeña escala a nuevas
circunstancia y que está directamente imbricado en las estrategias familiares.
En otras palabras, no son empresas, son familias las que toman las decisiones.
Y no lo hacen sólo con criterios económico-empresariales. Y es por esta razón
que seguimos teniendo agricultura en las medianías, porque rentable, lo que se
dice rentable en las empresas, no es.
Defender,
estimular y orientar este tipo de sistemas productivos por parte de las
políticas agrarias es difícil. Habrá quien dirá “menos mal”, valorando
positivamente la resistencia al cambio de las medianías; y habrá otros que se
lamentan, porque consideran necesario transformarlas.Suponiendo que queremos conectar
esta producción rural con los consumidores urbanos de Canarias. ¿Cómo lograrlo?
Algunos apuntes: primero, no se hace de la noche a la mañana; segundo, implicar
directamente a la iniciativa familiar; tercero, promocionar experiencias piloto
con efectos multiplicadores; cuarto, dar a conocer este “mundo de ahí arriba”
en el ámbito urbano; y quinto, mejorar la utilidad colectiva de la inversión de
dinero público en el mundo rural.
D.G.
